Nuevo reglamento de la UNC amplía el acceso a la justicia ante situaciones de discriminación y violencias de género

En su última sesión del año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó sobre tablas y por unanimidad, el Proyecto de Reforma del Reglamento de Investigaciones Administrativas con perspectiva de género. El documento amplía y garantiza el acceso a la justicia administrativa de toda la comunidad universitaria ante situaciones de discriminación y violencias de género en el ámbito de la UNC. Fue aprobado por el cuerpo colegiado el martes 15 de diciembre, casi al finalizar la jornada (a las 23.56 horas), tras una extensa sesión virtual que incluyó el tratamiento y debate de diversos temas.

La nueva normativa posiciona a la UNC como una de las primeras universidades del país que adecúa su reglamento de investigación y sanciones administrativas general a la perspectiva de género. “La importancia institucional es enorme porque, además, esa adecuación tiene en cuenta toda la legislación actual en materia de género, las convenciones internacionales sobre violencias, y las leyes de discriminación e identidad de género”, señalan las abogadas especializadas en género, Romina Scocozza y Mariela Puga, quienes tuvieron un rol clave en la construcción del proyecto. 

La propuesta fue presentada ante el Superior por la Unidad Central de Políticas de Género (UNICEPG) y desarrollada de manera conjunta, transversal e interdisciplinaria con la Mesa de Áreas de Género, y las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Sumarios de la casa de estudios.

Scocozza indica que la iniciativa surge de la necesidad de armonizar la normativa interna existente en esta universidad con la legislación nacional e internacional vigente, e incorpora la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso: desde que se toma la denuncia hasta la resolución de la misma. “El objetivo -explica- es armonizar y readecuar toda la reglamentación de investigaciones administrativas en el ámbito de la UNC para que se la dote de perspectiva de género, que rige en la legislación nacional e internacional en vigencia en nuestro país”. Esa armonización pone el foco en la escucha de las personas víctimas de violencia de género y de discriminación por razones de violencia de género, y reconoce el derecho de esas personas de participar en todo el proceso administrativo (no únicamente en el momento de presentar la denuncia), recibiendo información sobre el estado de la causa. Además, asegura la no revictimización, es decir, que “quien realiza la denuncia pueda gozar de un proceso rápido y un acceso a la justicia administrativa verdaderamente efectivo, previendo protección urgente y preventiva ante reiteraciones o hechos más graves”, indica la letrada. El nuevo reglamento también promueve un enfoque no punitivista. “No está centrado en lo sancionatorio, sino que amplía las posibilidades de dar respuesta y canalizar este tipo de demandas dentro del ámbito de la universidad. Por ejemplo, se incorpora el concepto de justicia restaurativa, el reconocimiento del daño y la posibilidad de pedir disculpas”, describe.

Por su parte, Mariela Puga remarca que la normativa no sólo se adecúa a la perspectiva de género, sino que se rige por la idea de justicia transicional de género. En ese sentido, explica: “Partimos de que han existido injusticias epistémicas históricas con respecto al tipo de violencias que sufren las mujeres y ciertas discriminaciones. Por lo general, nuestra cultura es reactiva a considerar determinadas conductas como violencias, tales como el acoso, el sexismo, o las violencias simbólicas, las cuales no tenían hasta ahora canales ni vías de reclamo institucional”.  

Entre otros aspectos, la reforma reconoce las identidades de género, protege la intimidad de las personas víctimas de violencias asegurando la confidencialidad, y garantiza la amplitud probatoria. Además, incorpora el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, alcanzando a estudiantes de los dos colegios preuniversitarios como posibles actores en este tipo de situaciones.  

También prevé la modificación del inicio del cálculo de prescripción de la causa, ampliando los plazos posibles para iniciar algún tipo de acción legal. “La modificación del tiempo de prescripción es muy importante porque ahora se reconoce que las víctimas de violencia de género muchas veces tardan en poder asimilar y hablar sobre lo sucedido, y por lo tanto, tardan en hacer la denuncia”, apuntan las abogadas. Asimismo, se contempla la colectivización de los reclamos contra prácticas sistemáticas, la restauración de los intereses afectados de la víctima, la defensa adecuada y el debido proceso, y la ampliación y precisión subjetiva y objetiva de las infracciones, entre otras reformas.

En opinión de las especialistas, la resolución aprobada supone un nuevo paradigma en torno a esta temática, y permite reforzar la confianza en los canales institucionales con los que cuenta la universidad para dar respuesta a demandas y reclamos.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género, Analía Barrionuevo, destacó que las políticas sobre género y diversidades implementadas en la universidad son el resultado del compromiso asumido por las distintas gestiones rectorales, al tiempo que rescató el proceso de construcción colectivo, plural y democrático que implicó la realización del proyecto. Finalmente, marcó la importancia de incorporar el enfoque de género y de derechos humanos en la elaboración de las normas universitarias como condición necesaria para asegurar la igualdad y equidad entre las personas.

El Proyecto de Reforma del Reglamento de Investigaciones Administrativas con perspectiva de género es fruto del trabajo llevado a cabo por la Unidad Central de Políticas de Género, y la mirada en materia legal administrativa brindada por las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Sumarios de la UNC. En el proceso de construcción se destacan la participación del equipo del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las Violencias de Género en el ámbito de la UNC, y la experiencia de la Defensora de la Comunidad Universitaria, Liliana Aguiar. Así también, fue posible gracias al esfuerzo colaborativo y participativo de todas las áreas y espacios que integran la Mesa de Áreas de Género (colegios preuniversitarios, unidades académicas y sindicatos universitarios), que trabajaron comprometidamente en la elaboración de aportes que enriquecieron el texto, juntamente con autoridades de esta casa, entre los que se incluyen decanos y decanas de las 15 unidades académicas, directores y directoras de colegios preuniversitarios, y sus asesores letrados.