Cárcel y Covid: Algunas consideraciones a propósito de la pandemia del coronavirus y los lugares de detención desde los Derechos Humanos

El siguiente documento (click aquí para descargar) es un  un análisis de la situación carcelaria en el país, que tiene como objetivo acercar información que permita conocer y reflexionar acerca de esta temática del encierro. Fue elaborado por la Lic. Rossana Gauna, Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria de la Nación - Delegación Córdoba, y la Dra. Laura Sánchez, profesora de la UNC e investigadora del CONICET.

En Argentina y el mundo, la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 puso sobre la mesa la realidad carcelaria, interpelando a la agenda política. La actual situación no hizo más que poner en evidencia la precariedad de la que ya era una emergencia sanitaria previa a esta pandemia, al tiempo que visibilizó el estado de excepción que reina en el contexto de encierro.

La proximidad en los lugares de encierro es un factor de propagación de la enfermedad tal como lo indica la OMS, pero la sobrepoblación carcelaria multiplica ese vector y lo torna un agravante. El crecimiento de la tasa de encarcelamiento es una de las principales consecuencias de las políticas represivas diseñadas entorno a la cuestión de la (in)seguridad y frente a la falta de ideas originales y confiables que provoca el miedo al delito. Por consiguiente, la sobrepoblación produce un hacinamiento que conduce al deterioro de las condiciones de la prisión, generando múltiples violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Algunos de los resultados que arroja el documento indican:

• Durante el período de 10 años, en Argentina hubo un crecimiento en la población encarcelada de un 73%, en términos absolutos. Entretanto, en términos relativos, hubo un crecimiento del 56%.
• El crecimiento de la tasa de prisionización no se vio reflejado en el incremento de plazas disponibles, lo cual requirió que se declarara la emergencia carcelaria en el Sistema Penitenciario Federal en marzo de 2019 por tres años y la creación de una comisión especial para resolver el déficit habitacional en las prisiones.
• El aumento del hacinamiento en el conjunto de los sistemas penitenciarios provinciales y el federal: el cálculo para 2018 ya indicaba que las cárceles argentinas funcionaban con un 22% de sobrepoblación
• Sobre el uso indiscriminado de la Prisión Preventiva: según datos de SNEEP 201825 (último informe disponible) una proporción importantísima de las personas detenidas se encuentran a la espera de la imposición o confirmación de una condena, o sea, en calidad de procesados (46%).

Por todas estas características, se considera necesario el diseño de un plan de emergencia que parta de los recursos e insumos disponibles en los distintos servicios penitenciarios para afrontar un eventual brote de COVID-19 en las cárceles. Asimismo, las acciones de monitoreo remoto y presenciales (en aquellos establecimientos que permitan el ingreso) deben centrarse en constatar que las medidas que se adopten en los establecimientos penitenciarios para prevenir y controlar el avance del COVID-19, respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.