La UNC adhiere a la posición del CIN sobre la situación en Jujuy

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señala: “En consonancia con la expresión conjunta emitida el 20 de junio pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifiesta su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país. El 10 de julio, en el Canal 7 de la Televisión Jujeña, la gobernación de la provincia expresó su intención de expropiar tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucara en el Centro Universitario Tilcara que pertenece desde 1949 a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires”.

El texto completo añade: “Esta decisión pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública; y, por el otro, trata de expropiar un espacio universitario que, desde 1949, viene desarrollando actividades de extensión muy relevantes, bajo fundamentos basados en prejuicios sobre sus trabajadores nodocentes y docentes, muchos pertenecientes a pueblos originarios.
Del mismo modo, el 12 de julio de 2023, la Policía de la Provincia de Jujuy ingresó al predio de la Universidad Nacional de Jujuy cuando se encontraba en sesiones el Consejo Superior (situación oficialmente no aclarada aún), generando otro hecho que produce una violación a la autonomía universitaria y a la Ley de Educación Superior N° 24.521 que, en su artículo 31, dispone la prohibición expresa del ingreso con la excepción de una autorización judicial o solicitud de autoridad universitaria, supuestos que no se respaldaron en dicho ingreso.
Los rectores y las rectoras de la universidades públicas argentinas reafirmamos el compromiso con la educación pública en general y las universidades argentinas en particular, entendiendo que se trata de un bien público y social que el Estado debe garantizar, bajo el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por la autonomía universitaria, lo que exigimos a las autoridades competentes”.