Crearán mesa de trabajo para dar continuidad al foro sobre los altos costos de la medicina moderna

Una mesa de trabajo para dar continuidad a las ideas planteadas y generar algún tipo de normativa, política pública o proyecto de ley para atacar la problemática de los altos costos de la medicina moderna, fue la noticia saliente del foro que propició el rector Hugo Juri y al cual asistieron personalidades de variados ámbitos.

El encuentro se realizó este lunes 25 de marzo, en la sala de sesiones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde Juri convocó a legisladores nacionales, funcionarios del área de salud, representantes de obras sociales y de medios de comunicación, directivos de consejos profesionales, de Anmat, del Laboratorio de Hemoderivados y del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas, entre otros.

El titular de la Casa de Trejo comenzó la reunión planteando la compleja situación que enfrentan los sistemas de salud frente al fenómeno de la medicina moderna que ha elevado sus costos.

El disparador del foro se relaciona con el caso de un paciente con atrofia muscular espinal (AME) que presentó un amparo y la Justicia federal ordenó pagar 500 mil dólares por cuatro dosis de una droga de un laboratorio internacional, repartido entre el Estado nacional (70 por ciento) y la obra social Daspu (30 por ciento).
 

Si bien esta situación generó la reunión, Juri planteó una cuestión más de fondo. “A diferencia de otros sectores de la economía en los que la tecnología abarata los precios, en la medicina es al revés, porque se deben financiar los altos costos de la investigación farmacéutica y de la tecnológica médica. Pero esa es una parte del problema. En primer lugar, es el Estado el que tiene las espaldas para regular el precio de estas nuevas drogas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero que se hacen inaccesibles para la población”, arrancó el rector.

Y, agregó, citando un informe de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que 400 mil familias cayeron en la pobreza precisamente por afrontar el costo de una enfermedad de este tipo.

En ese marco, el titular de la Casa de Trejo señaló la necesidad de generar un seguro de salud para enfermedades catastróficas, pero al mismo insistió en que tiene que ser el Estado el que se involucre en esta problemática para poder regular el alto precio de ciertos medicamentos. Incluso insistió en que sean los Estados latinoamericanos los que se sienten a negociar con los grandes laboratorios.

Los diputados Diego Mestre y Juan Brugge celebraron la iniciativa de Juri y ambos se comprometieron a realizar gestiones por esta problemática tanto ante las autoridades sanitarias de la Nación, como también la posibilidad de generar un proyecto de ley en el Congreso.

Brugge dijo: “Conozco el problema, la situación de Daspu y la realidad de las obras sociales universitarias, que no tienen el resguardo de las obras sociales sindicales. Hay un fenómeno mundial para el que no estamos preparados, que es al avance de la medicina moderna y su alto costo. Tenemos que hacer un esfuerzo regional, América latina en su conjunto, y buscar soluciones”.

Mestre agregó: “Celebro la iniciativa del rector Juri y me comprometo a trabajar para reformar o generar leyes que permitan abordar este fenómeno que afecta a las obras sociales y al sistema de salud en general”.

Estado negociador

Todos los asistentes al foro coincidieron en que el Estado nacional es el que está en mejores condiciones de negociar con las compañías multinacionales farmacéuticas.

El director periodístico de La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que el reaseguro de salud planteado por Juri es una buena opción a corto plazo, pero admitió que la situación es más compleja sobre todo cuando las grandes corporaciones hacen abuso de su posición dominante.

En ese marco, Gabriel Acevedo, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, planteó la necesidad de crear una agencia de evaluación de tecnología sanitaria para este tipo de casos.

Patricia Altamirano, decana de Psicología de la UNC, reconoció que el rector Juri hizo lo que tiene que hacer una universidad pública: generar estos espacios de debate. Pero también dijo que es necesario bregar por una política de ciencia y técnica, para generar los medicamentos. “El ejemplo es nuestro Laboratorio de Hemoderivados, que regula el precio de los derivados de la sangre y hace que sean accesibles en la región. Los grandes laboratorios no tienen un sentido de la ética como sí lo tienen laboratorios como el nuestro, que afortunadamente la UNC lo ha mantenido en el tiempo”, expresó y agregó: “No deberían hacerse protocolos de investigación médica en países en los que no se pueda comprar la droga después”.

Algunos de los asistentes al foro cuestionaron que los medicamentos sean considerados como un bien de consumo y no como un bien social. La mayoría acordó en la necesidad de tener un reaseguro para los medicamentos de las llamadas “catastróficas”, pero complementado con un rol activo del Estado como negociador con las multinacionales farmacéuticas.

Susana Núñez Montoya, directora del Centro de Información de Medicamentos (Cime) de Ciencias Químicas, informó que hay países en el mundo que tienen un control mixto entre el costo y la eficacia de las drogas. “Los Estados tienen que poner las condiciones para que sean los laboratorios los que lo hagan”.
 

El decano de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, fue quien propuso la creación de una mesa de trabajo para darle continuidad al debate y llegar a generar normas o políticas públicas para entregar al Gobierno nacional.

Gonzalo Pauli, presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba, explicó que conoce las limitaciones de la Justicia a la hora de fallar en estos casos de enfermedades catastróficas, “porque no tienen los elementos técnicos para dirimir una situación, por lo que actúa en función del derecho a la salud de los pacientes”, señaló.

En ese contexto, Luis Hernando, presidente de Daspu, celebró la iniciativa de Juri y expresó: “No es un problema menor el que estamos debatiendo. Pero quiero destacar que la Justicia cuando lee y analiza la documentación científica y financiera falla en consecuencia, como es el caso que nos tocó a nosotros. Cuando la Justicia entiende cuál es la posibilidad de cobertura, actúa en esa dirección”.